SOBRE EL PROCESO CANÓNICO AL SODALICIO

Al ser una Sociedad de Vida Apostólica de derecho pontificio, la Santa Sede ha intervenido en el gobierno del Sodalicio desde el 2015 para esclarecer las acusaciones de abuso, tomar medidas y acompañar el proceso de renovación.

En abril de 2015, la Santa Sede, a través de la entonces Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica (en adelante, DIVCSVA), nombró Visitador Apostólico a Mons. Fortunato Pablo Urcey, O.A.R. , Obispo Prelado de Chota (Perú), para investigar las denuncias presentadas en el Perú contra Luis Fernando Figari, quien fue Superior General del Sodalicio hasta diciembre de 2010. Al final de su visita, envió un informe al DIVCSVA sobre el resultado de su investigación.

En mayo del 2016, el DIVCSVA nombró al Card. Joseph William Tobin, C.Ss.R. Delegado ad nutum, para acompañar el gobierno del Sodalicio (ver entrevista al Card. Tobin). Desde enero del 2018 el Card. Tobin vela específicamente por los asuntos económicos del Sodalicio, de los cuales es informado periódicamente.

Por pedido del DIVCSVA, el Card. Gianfranco Ghirlanda, S.J., viene acompañando al Sodalicio desde el año 2017, supervisando el proceso de renovación (ver entrevista al Card. Ghirlanda). En Lima dictó unas conferencias que se publicaron en el libro “El Carisma y la Vida de Plena Disponibilidad Apostólica” (se puede bajar el pdf aquí) . En diciembre del 2017 fue nombrado por la Santa Sede para participar en la V Asamblea General del Sodalicio como Asistente Pontificio.

El Santo Padre en reunión con los Comisarios Apostólicos y el Secretario del DIVCSVA el 13 de diciembre de 2018.

En enero del 2019 se realizó la V Asamblea General del Sodalicio en Aparecida (Brasil). Estuvo presidida por los Comisarios Apostólicos, Mons. Noel Londoño y Fray Guillermo Rodríguez, y contó con la participación del Card. Gianfranco Ghirlanda, S.J., y el Card. Joseph Tobin. Con la elección de las nuevas autoridades del Sodalicio, el DIVCSVA dio por concluido el período de Comisariado del Sodalicio.

Tras la elección de una terna por parte de los miembros del Sodalicio en la V Asamblea, el DIVCSVA nombró al nuevo Superior General, el colombiano José David Correa, y a su Consejo Superior, por un periodo de seis años que culmina en enero de 2025.

El día 30 de octubre de 2021, el Superior General del Sodalicio tuvo una audiencia privada con el Santo Padre para informar sobre la realidad de la comunidad y el proceso de renovación que se viene llevando a cabo.

El Superior General del Sodalicio, José David Correa, fue recibido en audiencia privada por el Papa Francisco en 2021 (izquierda) y 2023 (derecha).

El 14 de agosto de 2024, a través de un comunicado, la Conferencia Episcopal Peruana anunció el decreto de expulsión de Luis Fernando Figari del Sodalicio de Vida Cristiana, emitido por el Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica (DIVCSVA), por expresa delegación del Santo Padre. Esta expulsión se da en el marco de los trabajos de la Misión Especial.

El Superior General del Sodalicio emitió un comunicado mostrando la acogida de la decisión del Santo Padre Francisco de expulsar del Sodalicio a Luis Fernando Figari Rodrigo y considerando esta medida como un gesto de caridad pastoral, justicia y reconciliación dentro del Sodalicio y con todas aquellas personas que han sido afectadas por abusos cometidos por el Sr. Figari. Reiteró el agradecimiento con filial adhesión como parte del camino de renovación que el Sodalicio viene recorriendo desde hace varios años con la orientación y compañía de la Santa Sede. Con esta medida el Sr. Figari quedó desvinculado del Sodalicio de sus autoridades.

Detallamos aquí todas las acciones realizadas por el Sodalicio y la Santa Sede respecto a Luis Fernando Figari.

SOBRE LA ESCUCHA, ACOGIDA Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS

No. Desde el primer momento en que tomó conocimiento de personas que habían sido víctimas de abuso por parte de algunos de sus miembros o ex-miembros, el Sodalicio buscó la mejor manera posible de salir a su encuentro y ofrecer un camino de acogida, escucha y reconciliación. Para ello recurrió a un estudio de abogados norteamericanos que habían asesorado a diversas diócesis en Estados Unidos y, bajo su orientación, se estableció un proceso que incluía dos momentos: uno primero de escucha y acogida inicial, que estuvo a cargo de la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, que actúo de noviembre de 2015 a abril de 2016; y el segundo que estuvo a cargo de la Oficina de Escucha y Asistencia, instalada en mayo del 2016 y se mantiene operativa hasta el presente.

Para diseñar e iniciar el programa de escucha, asistencia y reparación contamos con el experto Ian Elliott, quien ha sido Director General de la Oficina Nacional para la protección de los niños en Irlanda y asesor principal de la Superintendencia Nacional de Servicios Sociales de Irlanda del Norte para la Protección del Niño, y ha proporcionado servicios de consultoría independiente en diversos lugares del mundo. El Sr. Elliott acogió y escuchó a las personas que se habían presentado en la Comisión de Ética y a otras que se fueron presentando después en la Oficina de Escucha y Asistencia. Para cada una hizo recomendaciones y, en la mayoría de los casos, propuso reparaciones económicas, tratamiento terapéutico y/o apoyo a la empleabilidad de las personas. Todas esas recomendaciones fueron cumplidas por el Sodalicio. Desde enero de 2017 hasta el presente, la Oficina de Escucha y Asistencia instituida por el Sr. Elliott está a cargo de la Dra. Silvia Matuk.

A través de la Oficina de Escucha y Asistencia se ha atendido y reparado a 13 personas que fueron víctimas de abuso sexual cuando eran menores de edad; 16 que sufrieron abuso sexual siendo mayores; y 44 que sufrieron otros tipos de abuso.

SOBRE LAS RECIENTES INVESTIGACIONES

A finales de julio del 2023, el Papa Francisco envió una Misión Especial al Perú para recoger más información sobre el Sodalicio de Vida Cristiana. Dicha Misión Especial, está conformada por Mons. Charles J. Scicluna, Arzobispo de Malta y secretario adjunto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y Mons. Jordi Bertomeu, oficial del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

El proceso de investigación está aún hoy en curso, según se ha comunicado al Sodalicio. Nuestras autoridades han recibido algunas solicitudes de investigación que, por la reserva y confidencialidad requeridas por la Comisión, no pueden ser comentadas en público. Lamentablemente alguna información ha sido filtrada por la prensa, afectando la tranquilidad del proceso con el que el Sodalicio viene colaborando. Esta situación ha sido informada por las autoridades del Sodalicio a la Misión Especial.

El 14 de agosto de 2024, a través de un comunicado, la Conferencia Episcopal Peruana anunció el decreto de expulsión de Luis Fernando Figari del Sodalicio de Vida Cristiana, emitido por el Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica (DIVCSVA), por expresa delegación del Santo Padre. Esta expulsión se da en el marco de los trabajos de la Misión Especial.

El Sodalicio está cooperando directamente con los delegados de la Misión Especial, que continuará mientras el Santo Padre así lo desee. Al mismo tiempo se viene avanzando en el proceso de renovación, en estrecha colaboración con los delegados  (Card. Gianfranco Ghirlanda, S.J., Card. Joseph Tobin, C.Ss.R. y Fray Guillermo Rodríguez, O.F.M.).

SOBRE LAS TIERRAS EN PIURA

No. El Sodalicio no ha adquirido terreno alguno en Piura y, menos aún, ha usurpado terrenos a lo largo de su existencia. Los terrenos en Piura no fueron adquiridos por el Sodalicio sino por la Asociación Civil San Juan Bautista (ACSJB). En 2012, la ACSJB adquirió un terreno eriazo de 1,895 hectáreas totalmente desocupado y sin uso alguno, a una sociedad conyugal, que eran sus legítimos propietarios, tal como consta en su inscripción en Registros Públicos. Antes de ello el terreno había pertenecido a 4 propietarios distintos (ver la ficha de Registros Públicos).

Todo lo relacionado a la adquisición de terrenos en Piura por parte de ACSJB, ha sido informado oportunamente por dicha institución. Según esa información, corroborada en el Registros Públicos, la ACSJB ya no es titular de dichos terrenos desde el año 2015. El Sodalicio no tiene ningún vínculo con la propietaria actual.

Es preciso aclarar que la Comunidad Campesina San Juan Bautista de Catacaos no ha hecho nunca una acusación. La comunidad transfirió la propiedad del terreno en 1998 a sus integrantes, y luego ellos vendieron el terreno a una empresa en 2002 (que no tiene relación alguna con el Sodalicio). Ellos reconocen la validez de estas transacciones, y por eso nunca han presentado un reclamo.

Las relaciones con esa comunidad campesina son armoniosas. La Asociación Civil San Juan Bautista firmó acuerdos con ellos preservando intereses comunes en favor de la comunidad y de las entidades propietarias del terreno, como se puede ver, por ejemplo, al negociar un derecho de paso (ver el Contrato de Derecho de servidumbre y paso).

Las acusaciones, carentes de veracidad y fundamento, provienen del Sr. Marcelino Ynga y miembros de la familia Maza. Ellos se arrogan la representación de la Comunidad Campesina de San Juan de Catacaos para reclamar la propiedad de estas tierras, sobre las cuales no tienen ni han tenido derecho alguno. Cabe destacar, como lo ha señalado el Primer Juzgado Civil Transitorio de Catacaos, el verdadero Presidente de la Comunidad Campesina de Catacaos ha informado que estos señores “según registros de la Comunidad NO detentan ninguna posesión dentro los terrenos pertenecientes a la Comunidad” (ver el Expediente del Juzgado Civil) .

Ninguna. Mons. José Antonio Eguren no pertenece a la Asociación Civil San Juan Bautista (ACSJB) desde el año 2001. De otro lado, Mons. Eguren no ha sido accionista de ninguna empresa relacionada al SCV o a alguno de sus miembros.

A lo largo de 18 años, Mons. José Antonio ha desarrollado una labor pastoral, de promoción humana y atención a los más necesitados que ha sido reconocida en diversas ocasiones por las autoridades y el pueblo de Piura. Consideramos que estas acusaciones calumniosas son parte de las imputaciones que se pretende atribuir al Sodalicio, sin tomar en cuenta que, de acuerdo con el derecho, un obispo es autónomo y sólo rinde cuentas a la Santa Sede.

A lo largo de su pontificado el Santo Padre Francisco ha hecho numerosas muestras de su sensibilidad por los pobres y necesitados, sensibilidad que admiramos y compartimos. En este caso concreto, la periodista Paola Ugaz grabó al comunero. Según lo informado por la comunicadora Rosa María Palacios, Paola Ugaz mandó los videos al Sr. Juan Carlos Cruz, miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, que ha manifestado que la versión de los comuneros es cierta (pero como ha explicado la Asociación Civil San Juan Bautista, es absolutamente falsa). Luego de presentarle los videos, Cruz grabó informalmente un mensaje del Papa a los campesinos de Piura y se lo envió a Paola Ugaz, quien finalmente lo difundió a la opinión pública en la red social "X".

No lo sabemos. Pero mucha de la cobertura mediática de un pequeño sector de la prensa peruana no ha sido honesta y parece motivada no por la verdad sino por una animosidad preexistente contra nuestra comunidad, así como por un deseo de influir indebidamente en la Misión Especial presidida por el Arzobispo Scicluna. Por nuestra parte, seguiremos exponiendo la verdad y seguimos confiando en el Santo Padre, así como en quienes él ha depositado su confianza para investigar.

SOBRE LAS FALSAS DENUNCIAS DE ACOSO JUDICIAL

No. Es importante dejar en claro que las tierras compradas eran eriazas y no estaban habitadas. En la propiedad no había ninguna actividad agrícola hasta que los nuevos propietarios la habilitaron para el cultivo.

La única vez que la ACSJB denunció ante la Policía, fue cuando el Sr. Ynga pretendió invadir las tierras el año 2012. Según el expediente judicial, él lideró un grupo de más de 100 personas encapuchadas, provistas de machetes y escopetas, que amenazaron de muerte a los trabajadores que estaban instalando el cerco del predio; además, destruyeron 2.5 kilómetros del cerco, robaron y quemaron material usado para construirlo. El Ministerio Público los acusó por los delitos de usurpación y daños agravados, sin embargo, el proceso no siguió su curso por las demoras del Poder Judicial y los delitos prescribieron, pero los hechos no fueron desvirtuados o desestimados.

Posteriormente, la empresa Santa Regina, propietaria del terreno desde 2016, denunció ante la Policía a Félix Maza Suárez y Percy Maza Sandoval por diversos hechos de usurpación de las tierras, daños a la propiedad (bombas eléctricas, piscinas de trabajo, pozos de agua) e incluso por efectuar disparos a maquinaria de trabajo de la empresa. El Ministerio Público formalizó investigaciones, formuló acusaciones e incluso hubo condenas en primera instancia, lo cual demuestra la existencia de indicios fuertes de la comisión de los delitos denunciados. Es absolutamente falso que hayan sido criminalizados

No. Los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz son los autores del libro “Mitad monjes, mitad soldados”, del 2015, en el cual exponían 27 testimonios anónimos y 3 con nombre que relatan abusos sufridos durante su paso por el Sodalicio. Seis meses después, Salinas y José Enrique Escardó, junto con otros tres ex miembros de la institución presentaron una acusación en el Ministerio Público contra algunos miembros del Sodalicio.

Además, en 2018 Pedro Salinas acusó a Mons. José Antonio Eguren de ser cocreador de un sistema de abusos físicos, psicológicos y sexuales en el Sodalicio y personaje central en una trama de tráfico de tierras en Piura por la organización criminal La Gran Cruz. Mons. Eguren negó esa acusación y exigió una retractación. El Sr. Salinas no sólo no se retractó sino que se burló públicamente del Arzobispo, razones por las que fue demandado por difamación por el propio Mons. Eguren; incluso llegando a ser condenado por ese delito. Luego, Mons. Eguren se desistió de la condena impuesta a Salinas. El Sodalicio no intervino, ni podría haberlo hecho, por tratarse de las decisiones o acciones de un obispo.

Los problemas legales que enfrentan Pedro Salinas y Paola Ugaz, como es de público conocimiento, se deben a sus trabajos con funcionarios públicos. No tienen ningún vínculo con el Sodalicio, como falsamente afirman estos periodistas.

Además, Paola Ugaz y Daniel Yovera han sido querellados por el Sr. Alberto Gómez de la Torre por falso testimonio y difamación debido a las mentiras vertidas en el documental The Sodalitium Scandal, que fue producido por Paola Ugaz (aunque ella después lo negó cuando fue demandada) y Daniel Yovera. Alberto Gómez de la Torre trabajaba para la Asociación Civil San Juan Bautista, y fue severamente afectado en su vida personal y profesional por lo dicho en el documental. El Sodalicio no ha promovido la querella del Sr. Gómez de la Torre y tampoco puede impedir que ejerza sus derechos ciudadanos.